La Corte de la Nación ordenó desarchivar una causa contra Carlos Astorga, por peculado cometido en 1997. El valor de la investigación penal por encima de la conclusión del Tribunal de Cuentas provincial.
En mayo de 2012, el exintendente de Puan Carlos Astorga había quedado al borde del juicio oral. Se lo acusaba de apropiarse de bienes del erario público, a través de maniobras como el doble pago de un mismo servicio.
Al dirigente le imputaban tres hechos por peculado, cometidos en 1997, último año de su gestión como jefe comunal antes de asumir en carácer de diputado.
Sin embargo, un año después, cuando la causa llegó al Tribunal de Casación, tuvo un imprevisto freno.
La Sala I del tribunal platense, independientemente de la investigación penal, consideró la existencia de "una cuestión prejudicial", porque el Tribunal de Cuentas bonaerense -más allá de ser un órgano administrativo- había aprobado la rendición del ejercicio contable 1997 en Puan y esto iba a ser "contradictorio" con una eventual sanción penal.
"Advierto que la investigación de un delito previsto en el Código Penal de la Nación no puede ser -en princpio- detenida por un órgano constitucional local con competencia administrativa, pero en tanto subsista su pronunciamiento validador, esta es la voluntad del Estado.
"Si bien el Estado está dividido en tres poderes, tiene una única personalidad. No puede haber un acto que sea ilícito y lícito a la vez, con vigor en la misma dimensión", explicó el entonces juez de Casación Horacio Piombo, con el apoyo de su colega Benjamín Sal Llargués.
Carlos Astorga, a la fecha de los hechos investigados.
También sostuvo que en la medida que no se declarara nulo el informe del Tribunal de Cuentas, no había posibilidad de avanzar judicialmente, mientras que la Corte provincial -recién 3 años y medio después- dejó todo como estaba y no trató el fondo de la cuestión porque, según su criterio, el fallo de Casación no se equiparaba con una sentencia definitiva.
De esa manera, y en la medida en que no se modificara aquella auditoría estatal, la causa judicial no iba a prosperar, tal como pretendía, hace 9 años, la Cámara Penal de Bahía Blanca, que había aceptado la requisitoria de la fiscalía para mandar a Astorga a juicio.
Aquel fallo de Casación dejó, entre líneas, un mensaje negativo, porque priorizó por sobre la investigación penal (que había avanzado para probar el delito) la conclusión administrativa -tuvo en cuenta exclusivamente la documentación presentada por el propio municipio-, que podía estar sujeta a las presiones del poder político de turno.
Sin embargo, en los últimos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio marcha atrás.
Los jueces Elena Inés Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Daniel Rosatti compartieron las conclusiones del procurador general interino, Eduardo Casal, e hicieron lugar a la queja formulada por los abogados Héctor y Matías Bertoncello, en representación de la Municipalidad de Puan.
De esa manera declararon procedente el recurso extraordinario, consideraron "arbitraria" y dejaron sin efecto la sentencia de Casación y pidieron "un nuevo pronunciamiento".
Así la Corte de Nación obligó al desarchivo de las actuaciones y ordenó una nueva intervención del máximo tribunal bonaerense.
Delitos que le imputan
- El 29 de agosto de 1997, sin aval de Contaduría ni Compras, Astorga habría firmado un pedido de adquisición y una orden de pago por 3.400 pesos, presuntamente emitida por el proveedor Ricardo Ferrara. El cheque fue endosado a favor de una mujer, que declaró que percibió el importe y lo entregó a la entonces tesorera municipal Graciela Trabucco. Un perito confirmó que la firma atribuida a Ferrera no le pertenecía.
- Se le imputó al exintendente firmar una orden de compra y una orden de pago por 2.293,20 pesos, en favor del proveedor Néstor Alejandro Kleer, por el alquiler de un motocompresor. Semanas antes, le habían abonado a esa firma el mismo alquiler, con dos cheques por 2.940 pesos y 2.450 pesos.
- Similar al anterior. Firmó supuestamente una orden de pago por 2.802,80 pesos, en favor de Kleer, por el alquiler de un motocompresor e invocó un decreto que se correspondía con la contratación de otra firma, para ejecutar un poco piloto en la localidad de 17 de Agosto y la instalación temporaria de una electrobomba, por la suma de 4.386 pesos, que el municipio pagó.
Otros involucrados que terminaron condenados
La causa judicial por corrupción contra distintos funcionarios de la administración puanense se inició en el año 2000 y virtualmente todos los acusados, a excepción de Astorga, ya recibieron un veredicto.
Los hechos se habrían cometido entre 1997 y 1999 y otro jefe comunal involucrado es Ricardo Larrondo, quien en 2009 recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal N° 1 lo culpó de los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación en perjuicio de la comuna (12 hechos).
En ese mismo marco sentenciaron al exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Raúl Lechner, y a la extesorera comunal, Graciela María Trabucco.
El Criminal N° 3, meses antes, también le había impuesto 3 años en suspenso a los exproveedores municipales Alfredo César Petralanda y Carlos Edgardo Nievas, acusados de defraudación a la administración pública.
También como imputados figuraban, entre otros, la exsecretaria de Gobierno, Soraya Juri; el excontador municipal, José Toribio Hernández y la exjefa de Control y Gestión municipal, Virginia Otero. (La Nueva)
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